Falsedad contable y estafa. Son los cargos que afrontaba Rodrigo Rato, cuya gestión al frente de Bankia se convirtió en el mayor símbolo de la anterior crisis. En 2012, la tercera entidad bancaria española se hundió, tras una salida a Bolsa y dos años de contabilidad dudosa que los juzgados llevan ocho años examinando. Aquel hundimiento dejó un zarpazo de más de 24.000 millones en las cuentas del Estado, que tuvo que rescatar el banco. Y de los que hoy, a un paso de la fusión entre Bankia y Caixabank, apenas se han recuperado 3.000 millones. Para la jueza Ángela Murillo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,ninguno de los 34 expertos en finanzas es responsable. No se les puede atribuir "actos concretos" y la salida a Bolsa contó con el visto bueno de todos los supervisores externos.
Rato, ex vicepresidente del Gobierno con el PP de Aznar, y que estuvo hasta el último momento en las quinielas para la sucesión, llevaba en prisión desde octubre de 2018, por otra pieza derivada de su gestión: las tarjetas black. Para él, la Fiscalía Anticorrupción pedía ocho años y seis meses de prisión, pero no era el único banquero en el banquillo: el ex vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, proveniente de Bancaja, afrontaba cinco años.
Olivas también es un viejo conocido de la política española: fue brevemente presidente de la Comunidad Valenciana, entre sus compañeros de partido Zaplana y Camps. Fue presidente no ejecutivo del Banco Valencia desde 2004 hasta que se reveló la posible quiebra del mismo, en octubre de 2011. Un mes después dimitiría como vicepresidente de Bankia y su matriz, Banco Financiero de Ahorros (BFA), por la precaria integración de Bancaja. Estuvo enfrentado a Rato, que no le quiso pagar una indemnización tras su dimisión cercana a los tres millones de euros.
Una estrategia que ha sido constante en la defensa del hoy absuelto Rato, dentro y fuera de los juzgados. La culpa siempre fue de sus predecesores o hasta de sus sucesores: en su alegato final en el jucio, cargó directamente contra el hoy presidente de la entidad, José María Goirigolzarri.Sin embargo, sólo uno de los acusados, el interventor Sergio Durá, para el que se pedían dos años, siguió en la entidad tras los años en los que se produjeron los hechos juzgados. Aparte de Rato y Olivas, el resto de principales acusados son exconsejeros como Manuel Fernández Norniella, para el que se pedían seis años; el ex consejero delegado de la entidad, Vicente Verdú, para el que se pedían nueve meses… O el ex presidente del comité de la matriz BFA, Ángel Acebes, ex ministro del Interior con Aznar, candidato junto a Rato en las quinielas sucesorias, y para el que la Fiscalía pedía año y medio de prisión. Así hasta completar un banquillo de 31 acusados, más tres entidades a juicio: Bankia, BFA y la auditora Deloitte.
Lo que se juzgaba en la macrocausa de la Audiencia Nacional, celebrada en San Fernando de Henares, era la salida a la Bolsa de la entidad, una huida hacia delante que hundió a los pequeños accionistas (a los que Bankia ha restituido ya con casi 2.000 millones) que se creyeron unas cuentas, cuya supuesta falsedad también se juzgaba. Porque, como describió el expresidente del BBVA, Francisco González, en su testimonio, “estaba claro que Bankia no valía nada”.
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