Las tarjetas opacas de las que supuestamente dispuso el rey Juan Carlos y algunos miembros de su familia se usaron para sufragar gastos personales. El rey emérito las utilizó para pagar hoteles, vuelos y restaurantes; sus hijas, las infantas Elena y Cristina y sus nietos, para abonar numerosos trayectos en Uber, decenas de compras en El Corte Inglés y otros centros comerciales y clases de piano, según informa este martes El Confidencial.
Las tarjetas opacas estarían a nombre del colaborador de la Casa Real, el coronel del Ejército del Aire y ayudante de campo Nicolás Murga, y vinculads a una cuenta administrada por él mismo aunque con fondos pertenecientes al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. En los extractos bancarios que se investigan y a los que hace referencia ahora el medio aparecerían, además, pagos en El Corte Inglés realizados a través de tarjetas cliente de la cadena comercial vinculadas a la cuenta de Murga.
Desde que saltó a los medios de comunicación la existencia de estas tarjetas se ha puntualizado que ni los reyes actuales, don Felipe y doña Letizia, ni sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se habrían beneficiado de ellas.
Quienes más las habrían usado, informa ahora El Confidencial, serían Froilán y Victoria Federica, los hijos de la infanta Elena. Además, la hija mayor de los reyes eméritos le compró una yegua de competición a su hija con estos fondos y el mantenimiento del animal se abonaba a través del mismo método, informó el mismo diario hace unas semanas.
De esta manera, el emérito no aparecía en ningún caso de cara a la Agencia Tributaria. Las sospechas de que algo sucedía comenzaron, sin embargo, tras cruzar los datos de Hacienda del cronel con su salario y ver que no cuadraban los números. Ahora, cuando se ha sabido que el rey y parte de su familia gastaron a través de las tarjetas opacas al menos 500.000 euros en tres ejercicios, según la información de El País, entre 2016 y 2018, cuando don Juan Carlos ya no era jefe del Estado y por tanto había perdido su inviolabilidad, es cuando sus abogados han decidido presentar una regulación ante la Agencia Tributaria para evitar que la presunto fraude que, en al menos dos ejercicios, supera el límite establecido en 120.000 euros anuales sea declarado como delito fiscal tipificado con hasta cinco años de cárcel, cosa que sucedería en el momento en que la Agencia Tributaria o la justicia notifique que ha abierto una inspección al rey. Algo que, hasta el momento, no ha ocurrido.
En caso de que la Agencia Tributaria acepte la regulación propuesta, el rey emérito deberá pagar alrededor del 70% de los ingresos acreditados, unos 350.000 euros si lo defraudado fuera algo más del supuesto medio millón de euros. La cuantía no resultaría excesiva si se tiene en cuenta la que aparece en otra de las causas por las que se investiga al rey. Es decir, la relacionada con el supuesto cobro de 100 millones de dólares -65 millones de euros- en comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca cuando don Juan Carlos aún era rey, motivo este por el que que se prevé que la Fiscalía archive el caso. El tercero es, de hecho, el que menos preocupa ya que, al parecer, la cuenta oculta en la isla de Jersey con 10 millones de euros detectada por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales a nombre del emérito podría ser un error.
Al margen estaría la investigación que realiza en Suiza el fiscal Yves Bertossa tras descubrir el ingreso de 65 millones de euros primero, en 2008, a un banco del país y después, en 2012, a uno en Bahamas a una cuenta de Corinna– un regalo por amor, declaró ella- supuestamente procedente de la donación realizada por el rey de Arabia Saudí al emérito.
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