Entre las 40 personas que el juez Manuel García Castellón ha citado a declarar por el caso Púnica está Esperanza Aguirre, al considerar que era la persona que supervisaba la caja b del PP madrileño. El anuncio es impactante, pero el magistrado se ha comportado con la misma discreción que caracteriza a su comisario de ficción favorito: Jules Maigret. La creación del escritor George SImenon, junto a la música clásica, son dos de las aficiones del juez instructor más longevo de España, que nació en Valladolid en 1952. Al acabar la secundaria se mudó a Salamanca para estudiar Derecho e Ingresó en la carrera judicial en 1977, aunque ha pasado 17 años de su carrera destinado en París como enlace con Francia durante la época del terrorismo etarra.
Para entonces, ya había instruido el caso Banesto, que él ha recordado en alguna ocasión como “durísimo” y fue el encargado de enviar a prisión a Mario Conde en 1994. Por aquel caso, el banquero fue condenado a 10 años de prisión, una pena que fue elevada por el Tribunal Supremo a 20 años. Otro de sus casos más sonados fue el de Jesús Gil, contra quien abrió un procedimiento por delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad y delito societario. Ese fue el caso que le dio fama como magistrado de la Audiencia Nacional, donde instruyó numerosos sumarios sobre ETA. Entre ellos, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el atentado contra José María Aznar.
En sus casos relacionados con corrupción, el jurista que forma de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha tenido que instruir varias causas relacionadas con el PP. Además del caso Púnica, también se encarga de Lezo –por el que envió a prisión a Francisco Granados e Ignacio González– y la Operación Tándem, que contiene las investigaciones al comisario Villarejo, cuya instrucción tomó tras la renuncia de Diego de Egea y es una de las más delicadas por los muchos frentes que toca: la política, la judicatura, el mundo empresarial, policial y hasta la Casa Real.
Ahora, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, también tendrá que tomar declaración a la que fue durante años lideresa del PP, Esperanza Aguirre, para ver si era conocedora y consintió la financiación ilegal de su partido entre los años 2003 y 2011. Y no será la única ex presidenta de la Comunidad de Madrid a la que citará, pues Cristina Cifuentes también está imputada en el mismo caso por la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
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